Clan de 'jubilados' por la presidencia de Colombia

Mientras exista el interés de la minoría en taparle las irregularidades al Gobierno, la Corporación se desdibuja. Los amigos del Alcalde no asistieron a las sesiones extras, que no fueron cobradas.

La normalidad llegó al Concejo desde que los siete ‘amigos’ del Alcalde Édgard Cote se autocensuraron y no asistieron a las sesiones extras; al interior de la Corporación se afirma que los oposicionistas sin causa no concurren a las sesiones por cuanto estas no serán cobradas.
De las 17 sillas, en el recinto siete permanecieron vacías y las sesiones se adelantaron con normalidad, sin los alegatos desajustados de la oposición, lo que en nada influyó para la conformación del quórun reglamentario y en el cumplimiento de las labores señaladas por la Presidencia.

Justificación sin peso
Quienes incumplen con sus funciones de Concejales y no asistieron a las extras, argumentaron que ‘no fueron invitados’ y que “no existe justificación para asistir cuando no se está debatiendo ningún proyecto”. Sin embargo conocedores de la situación político-administrativa del Municipio coinciden en afirmar que los minoritarios no asistieron porque no están de acuerdo con el control político que ejerce la mayoría de Concejales sobre la actual Administración que durante el primer año y medio de labores, manejó a su acomodo las decisiones de los Corporados.
Además de quitarle las facultades al Alcalde para contratar y ejercerle un verdadero control a sus ‘ejecutorias’, la actual mayoría de Concejales se ha preocupado por responder al trabajo encomendado por la comunidad cuando los eligió.

Las partes se defienden
Presidente de la Corporación, Oscar Iván Vásquez, es respetuoso de la posición de los Concejales minoritarios de no asistir y menos obligarse a ejercer el derecho al control político.
“Ellos han venido presentándose en la sesión y cuando va a empezar el ejercicio de control político se retiran. Vamos a seguir normalmente, con ellos o sin ellos hay una mayoría que viene trabajando y ya cada uno tendrá que responder por su actuación en la corporación”, dijo en su momento.
Mientras tanto, la Liberal Claudia Andrade, dijo que no se trata de pugnas entre las partes, “sencillamente los Concejales que estamos aquí estamos cumpliendo con nuestro deber. No tiene que ver para nada con pugnas internas, simplemente esto es de compromiso”.
A su vez el Concejal minoritario Diego Elkin Arango, dijo a los periodistas que no asistieron “porque no nos enviaron comunicación y el reglamento exige citación por escrito y no nos ha llegado”; además “no aprobamos lo que están haciendo ni fuimos partícipes en la elaboración de los formularios” porque “tenemos todo un período para hacer el trabajo legislativo y atender situaciones. No se trata de plata porque en muchas oportunidades hemos trabajado sin pago, si hay proyectos para aprobar y se justifica asistir, yo personalmente, estaré ahí de lo contrario no”,
Lo que no quisieron los Concejales ausentistas, fue enfrentar el control político al que debieron responder durante las sesiones extras los Secretarios de Salud, Educación, Infraestructura y los Directores de la Umata e Inderba.
El Concejo de Barrancabermeja con la nueva mayoría, ha devuelto la confianza a la comunidad, la que espera que los Concejales “sigan así para colocarle su tate-quieto al Alcalde que se consideraba un reyesuelo”, según voceros comunitarios.

Ocho periodistas de las dos más importantes ciudades santandereanas, fueron víctimas de amenazas por parte de los violentos incrustados en distintos sectores de la vida diaria, a comienzos de 2006.
Según la Fundación para la Libertad de Prensa -Flip-, los primeros cuatro meses del año “muestran un incremento considerable de las violaciones a la libertad de prensa en Colombia, en comparación con el mismo periodo de 2005”.
“La mayoría de las violaciones se registraron en Santander, seguido por Cundinamarca, estás últimas registradas todas en Bogotá. En relación con el año anterior, Norte de Santander presentó una disminución considerable”.
Junto con Barrancabermeja y Bucaramanga, Bogotá presenta también un alto índice de amenazas para los periodistas.
Segْn el estudio adelantado por la Flip, “la amenaza sigue siendo la violación más recurrente. En el periodo referido se registraron 27 amenazas, mientras en el mismo lapso en 2005 se registraron 19.
Cabe anotar que el total de amenazas difiere del total de periodistas amenazados, ya que un periodista puede ser amenazado más de una vez”.
Algunas de las víctimas de esta violación a los Derechos Humanos, han tenido que abandonar el país, como el caso del periodista Alfredo Serrano Zabala quien fue amenazado de muerte junto con su familia luego de denunciar la ingerencia paramilitar en el actual Gobierno de Barrancabermeja presidido por Edgard Cote Gravino.
Otros periodistas, como Diro César González Tejada, Director del periódico La Tarde, también de Barrancabermeja se vio obligado a abandonar la ciudad por iguales circunstancias, mientras que Marcos Perales Mendoza, Director del periódico PORTADA, de igual forma recibió amenazas de muerte luego de denunciar la presencia en el Gobierno de Cote Gravino del denominado 'Cartel de los carros', con el que violan normas claras sobre contratación y se favorecen amigos personales del mencionado Alcalde.

En Colombia
Indica la Flip que la mayoría de las amenazas “correspondieron a medios escritos o de prensa (21), seguido por televisión (9) y radio (8). Por último, se registraron cuatro violaciones contra periodistas 'freelance' quienes trabajan como colaboradores ocasionales de algún tipo de medio de comunicación o de varios.
De acuerdo con el estudio de la Fundaciَón para la Libertad de Prensa, Santander fue el Departamento con mayor número de violaciones contra los periodistas con 8 amenazas, seguido por Cundinamarca con 5, Nariño, Córdoba, Risaralda y Caquetá con 3 periodistas amenazados en cada Departamento, Antioquia, Huila y Magdalena con 2 casos cada uno; en Meta, Norte de Santander, Atlántico, Putumayo, Sucre, Cesar, Valle, Tolima y Cauca, un periodista fue amenazado en cada Departamento. El resto de regiones colombianas no reportaron amenazas contra la prensa.
“Como ha sido la constante en los últimos años, “los procesos judiciales sobre amenazas a periodistas no arrojan resultados satisfactorios”, recalca la Flip.

Solicitudes
Ante el incremento de las amenazas contra periodistas en Colombia, la Fundaciَón para la Libertad de Prensa le solicitó al Fiscal General de la Nación, Mario Iguarán Arana, acelerar la investigación de las amenazas “registradas en este primer cuatrimestre del año y las presentadas en 2005 que aún se encuentran en curso”.
De la misma manera, solicitó “el traslado a la Unidad de Derechos Humanos en Bogotá de las investigaciones relacionadas con amenazas, asesinatos y agresiones a periodistas” ocurridas en todo el país y que investigue “la reorganización de nuevos grupos de autodefensas que estarían detrás de nuevas amenazas a periodistas”.
Al Alto Comisionado para la Paz, Luís Carlos Restrepo, la Flip le solicitó “que le exija a los grupos desmovilizados de autodefensas y los que quedan por desmovilizarse, que respeten la libertad de prensa y los derechos fundamentales de los periodistas, y para que -en coordinación con la Fiscalía- determine qué grupos están detrás de las numerosas amenazas en Santander y otras regiones del país”.
También al Vicepresidente de la República, Francisco Santos, le solicitó “que acelere la puesta en marcha del Comité Interinstitucional conformado por la Fiscalía General de la Nación y la Dirección de Policía Judicial, tal y como se anunció en la reunión de febrero pasado”.
Mientras tanto, al Procurador General de la Nación, Edgardo Maya Villazón, le solicitó investigar “a los funcionarios públicos que presuntamente han amenazado periodistas o han obstruido su labor”.
Por último la Flip le solicitó al Ministerio del Interior y de Justicia, al DAS y a la Policía, “que continúen con la protección de los periodistas en todo el país”, a la par que instó a los comunicadores, para “que denuncien cualquier violación a la libertad de prensa”.

La energía eléctrica, la radio, el gas y la banca son de los españoles, los cigarrillos de los norteamericanos, la aviación es de brasileros y ahora la cerveza pasa a ser propiedad de los británicos. ¿Qué nos queda a los colombianos, que sea industria propia y que pueda ser manejada por colombianos?

Esta pregunta la hacen los colombianos que han seguido a pié juntilla, el desarrollo industrial de un país que no sale del subdesarrollo, ante la falta de políticas económicas claras por parte de sus Gobiernos, la inseguridad planteada por los grupos paramilitares y guerrilleros y la voracidad con la que un pequeño grupo de familias se apoderan de la economía nacional.

Bueno es hacer el recuento de la reconquista extranjera a las riquezas colombianas durante el pasado siglo y lo que va del presente:
Empresarios españoles llegaron al país y adquirieron ‘la franquicia’ para explotar la venta del gas natural, ante la pasividad del Gobierno que feria lo que nuestra tierra produce; no contentos con esto, descendientes de los mismos españoles que asaltaron a nuestros indígenas del pasado y que se precian de haber descubierto a América con expedicionarios delincuentes enviados por castigo a otros lares pero que por descuido llegaron a nuestras tierras, adquirieron en propiedad la empresa radial colombiana Caracol; hoy hacen y deshacen con el personal, disminuyen hasta más no poder la nómina, pagan a ‘precio de huevo’ el trabajo de los periodistas, obligan a los locutores a trabajar como controles para ahorrarse un salario de hambre y para colmo de males, los “echados” deben demandar para que les paguen su liquidación que no llega completa.

Los mismos españoles se hicieron a la Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá y ahora las tarifas, dicen los bogotanos, “están por las nubes”.

El sector bancario también ha sido absorbido por los de la ‘madre patria’, donde hicieron “barrejobo” con el sector sindical y gran parte de los empleados fueron despedidos; hoy esas entidades trabajan con el mínimo de personal y la atención ha sido desmejorada en un alto porcentaje.

La empresa cigarrillera nacional también fue absorbida por la multinacional Philip Morris, con lo que quedó en el ‘pavimento’ un buen número de compatriotas que antes trabajaban para la Colombiana de Tabacos en Antioquia, Santander y otras regiones del país.

Avianca, empresa estandarte de Colombia en los aires mundiales cambió de dueño; ahora es de un brasilero que no tiene ningún compromiso con Colombia y que su fortuna le dio derecho a comprar la entidad que por años fue orgullo nuestro. Allí también hubo recorte de personal.

Ahora le tocó el turno a la cerveza; a partir de ya los colombianos no van a consumir su propio producto; de ahora en adelante las antiguas cervecerías colombianas se identifican con el logo de británica SABMiller, una potencia en cerveza mundial; pero, ¿que le representa al colombiano común y corriente la compra de empresas nativas por parte de los extranjeros? Algunos dirían que nada, otros dicen que mucho, pues, primero que todo, muchos de nuestros compatriotas han quedado en la física calle, esto es: Sin trabajo; además sus familias comienzan a recorrer el camino de la humillación, de los que en un tiempo no muy lejano fue y ya no lo es. Se pierde alguna libertad laboral, pues mientras unos salieron de las empresas y hoy ingresan al cordón de los desempleados y la miseria, los que quedan deben someterse a los parámetros de sus nuevos ‘amos’: Aumento en el horario laboral por el mismo salario, incluso podrían hasta pagarles por hora trabajada. Todo esto, con el visto bueno del Gobierno de Presidente Álvaro Uribe.

Se le escuchaba decir al Presidente Uribe, que la presencia de la cervecera inglesa en Colombia, demuestra el interés que tiene la industria mundial para invertir en el país y en apoyar el empleo. ¿Será eso cierto? ¿No será, más bien, que los extranjeros ven en Colombia una ventana para explotar y sacar sus divisas hacia sus países, mientras que nuestra patria se debate entre el desempleo, las balas de paramilitares y guerrilleros y los dardos lanzados por el Gobierno Uribe para oprimir más al colombiano del común?

¿Quién le diría al Presidente Uribe que con la llegada de extranjeros a manejar la industria colombiana se incrementará la mano de obra calificada y no calificada, se expandirá la riqueza para los más necesitados, se acabarán las afugias de la clase menos favorecida?

Los colombianos de clase media entienden que para nada los beneficia la traída de multinacionales que invertirán en Colombia, para luego llevarse lo producido hacia sus países de origen y que solo esa misma minoría que ha gobernando al país económico, le saca provecho a sus ventas para llevarse esos dineros al exterior, porque no lo invertirán aquí, con el sofisma del desorden público y la falta de incentivos oficiales.

El periódico El Tiempo en su editorial del pasado 20 de julio argumentaba: “Es difícil cuestionar la decisión de vender las vinculadas a actividades cuyo carácter estratégico esta asociado a la generación de riqueza. La transacción es más asunto de una racionalidad financiera, que es incuestionable en el modelo de economía de mercado en el que estamos insertados. Es, además, una demostración contraria a la posición de quienes creen que Colombia no está para nada en la agenda de la inversión extranjera por razones de inseguridad, inestabilidad en las normas o una tensa situación social, como lo anotó el prestigioso diario financiero The Wall Street Journal”.

En parte estamos de acuerdo con esa apreciación, pero no es difícil cuestionar la venta de empresas nacionales, sin importar el sacrificio de la mano de obra, pues a la larga quienes ganan en las transacciones son los dueños de las empresas vendidas y quienes pierden, como siempre ha sido, es el pobre asalariado que verá menguado su estilo de vida, ya sea porque caiga en la franja de la reestructuración a que son sometidas las empresas en manos de extranjeros, o porque se quede como empleado del extranjero que le va a explotar su fuerza laboral hasta más no poder por el mismo sueldo.

Y ojo que las Electrificadoras regionales están en la mira del Gobierno Uribe para venderlas al mejor postor extranjero; bancos como Granahorrar pasan por la misma situación.

Qué nos quedará ahora a los colombianos por vender: ¿Será acaso la Presidencia de la República? Aunque algunos dicen que hace rato está hipotecada a nombre de las grandes potencias que orientan al Presidente de turno hacia el endeudamiento y el sometimiento comercial y económico.

Esa es la pregunta que los colombianos que hemos seguido el trabajo gubernamental, nos hacemos ante escogencia del Viceministro de Justicia, Mario Iguarán como reemplazo de Luís Camilo Osorio, que deja serias dudas sobre la verdadera aplicabilidad de la justicia en un país plagado de delincuencia organizada, corrupción y desdén administrativo.

Y la pregunta se hace porque, desde que comenzó la puja por tan alta posición, el Gobierno apadrinó los nombres del ex Magistrado Jorge Pretelt (primo del actual Ministro del Interior y de Justicia, Sabas Pretelt de la Vega), y Mario Iguarán, subordinado del mismo Ministro en el Viceministerio de Justicia.

Su jefe, el Ministro del Interior y de Justicia, Sabas Pretelt, se convirtió en el principal tutor para impulsar la candidatura, se auto-constituyó en su Jefe de Campaña. Con ese respaldo, Iguarán avanzó incluso por encima de la posibilidad de que Camilo Ospina, Secretario Jurídico de Palacio y nuevo Ministro de Defensa, fuera escogido para ocupar su lugar en la terna.

Lo cierto es que Iguarán, que cuenta con un magíster en Derecho Comparado de la Universidad de Bonn (Alemania), una especialización en Alta Dirección del Estado de la ESAP y una en Casación Penal de la Universidad La Gran Colombia, logró ganar reconocimiento gracias a que fue uno de los ‘escuderos’ de la Ley de Justicia y Paz y que por su diplomacia se ganó la admiración de varios Congresistas.

Fue el candidato del Partido Conservador (que apoya al Gobierno) en la terna enviada por el Presidente Uribe Vélez a la Corte Suprema de Justicia. El apadrinamiento del Gobierno resultó positivo, dado los resultados obtenidos por Jorge Pretelt y Mario Iguarán, sin embargo el guiño presidencial y ministerial a favor de su empleado volteó la balanza para la elección de Iguarán.

El nuevo Fiscal General de la Nación, es el mismo que defiende en Washington, a nombre del Gobierno de Álvaro Uribe Vélez, la Ley de Justicia y Paz, tan criticada en Colombia y el exterior por las prebendas que le da a los paramilitares, que al igual que la guerrilla, han hecho tanto mal a la imagen del país; parece que en Colombia se debe ser delincuente para que el Gobierno lo arrope con su manto protector.
El quinto Fiscal elegido en la historia de Colombia, ¿será que se convertirá en un Fiscal de bolsillo del actual Gobierno? El tiempo lo dirá, sin embargo su acercamiento total con el actual Gobierno, su predisposición de acatar las órdenes del Ministro del Interior y de Justicia, su comprometimiento con los legados presidenciales y el apoyo que recibió de sus actuales jefes, ¿será que lo harán actuar más cerca del Gobierno que de la justicia y las leyes?

Ya lo dijo el propio Mario Iguarán: “Yo no parto de esos supuestos, considero que instituciones como la Fiscalía han demostrado que son ajenas a la politización. No obstante, nosotros tenemos un compromiso con la ley y con la jurisprudencia constitucional de adelantar el proceso de carrera administrativa y de carrera judicial”, cuando la prensa le preguntó sobre su posición con relación a la politización a que está sometida la Fiscalía. Pero ¿quien va a pensar que un hombre como Iguarán, que está en la ‘mermelada’ de la política y del Gobierno, acepte que en Colombia, la justicia está politizada y a favor de quienes tienen el poder?

Claro ejemplo de ello son los procesos que por paramilitarismo lleva esa entidad contra algunos funcionarios regionales y municipales, los que caminan a paso de ‘morrocoy’; bien vale la pena preguntar: ¿qué pasará con esos procesos, una vez el Gobierno le abra las puertas a los paramilitares con la aplicación de la Ley de Justicia y Paz? ¿Pasarán a los archivos, pese a haberse cometido delitos antes de ser puesta en marcha dicha Ley? ¿Los implicados continuarán en su posición de apoyo a los jefes paramilitares desmovilizados? Eso también depende del nuevo Fiscal General de la Nación, de extracción gobiernista.

Su acercamiento con el Gobierno no acabará, pues desde ya anuncia que estará enfrascado en sacar adelante la reseñada Ley de Justicia y Paz, como un apoyo al Gobierno que la gestó. Entiende el nuevo Fiscal colombiano “que en dos años y medio adquiere la Corte Penal Internacional plena competencia, no solo para los delitos de lesa humanidad, sino para los crímenes de guerra”; incluso ya anunció que habrá “una unidad de 20 fiscales para Justicia y Paz y un cuerpo de Policía Judicial con 150 hombres”. Con el apoyo a la Ley, el Fiscal buscará blindar al actual Gobierno de las consecuencias con la justicia internacional que puedan derivar su aplicación.

El nuevo Fiscal de Colombia reconoce: “Hoy en día soy del Gobierno, pero mañana seré de la Fiscalía”. ¿Qué quiso decir con esa frase? Más adelante dijo: “…y cuando sea Fiscal, pues tendré que comportarme de acuerdo a los mandatos legales propios de un Fiscal y la primera exigencia de un Fiscal es la imparcialidad, la autonomía y la independencia”. ¿Tendrá imparcialidad, autonomía e independencia plena en su función el nuevo Fiscal de Colombia, cuando todo el mundo sabe que fue el candidato del Gobierno para esa alta investidura?

Sobre el tema de la extradición a los narcotraficantes, paramilitares y guerrilleros que muy seguro serán cobijados por la Ley de Justicia y Paz con el fin de eludir su traslado al país que lo solicite, el nuevo Fiscal dice que la Ley de Justicia y Paz “no entra explícitamente a tocar el tema de la extradición”. Sin embargo él como todos los colombianos saben, la extradición es un acto potestativo del Presidente de la República, que con base en la nueva Ley, va a salvar a muchos de quienes se reincorporen a la vida civil y tienen deuda con la justicia (ejemplo norteamericana), de ser trasladados a ese país para que paguen sus delitos. Más claro no canta un gallo, cuando el nuevo Fiscal interpreta el hecho con sus propias palabras: “La extradición tanto en el proceso ordinario como en la Ley desde el punto de vista jurídico sigue aplicándose conforme lo enseña la ley hoy en día”. Pensamientos que develan desde ya el comportamiento que asumirá el nuevo Fiscal, que no se diferenciará del actual Luís Camilo Osorio.

Pero, a Mario Iguarán le esperan otros retos, todos de alta envergadura y resonancia nacional y que serán el termómetro de su labor al frente del ente acusador; algunos de estos retos son:

Paramilitarismo: La Fiscalía será el termómetro con el que se medirá la nueva Ley de Justicia y Paz; para ello tendrá que trabajar duro con el fin de desenmascarar a quienes, de eso estamos seguros, tratarán de esquivar sus responsabilidades para aprovecharse de las bondades que entrega dicha norma; en una frase, la Fiscalía tendrá que evitar la impunidad en el proceso de paz con los paramilitares y con los grupos guerrilleros que se acojan para evitar que la Ley de Justicia y Paz se convierta en un comodín para quienes hoy delinquen y no querrán reconocer sus crímenes de lesas humanidad, su paso por el narcotráfico, para desde la legalidad seguir por el mismo camino.

El Sistema acusatorio: Que se implementó desde comienzos del presente año en algunos sectores del interior del país y que ya está anunciado para los Santanderes y la Costa Atlántica a partir del próximo año. Su reto aquí está en llevar ese organigrama dejado por su antecesor. Este reto no parece muy difícil, dada que están dadas las condiciones para su expansión, debido a los buenos resultados que hasta el momento ha dado el Sistema.

La corrupción: Colombia, en todos los ordenes está plagada de corrupción que es el delito que más tiene congestionados los Despachos de la Fiscalía en Colombia. Funcionarios del Gobierno nacional, algunos Gobernadores, Alcaldes y funcionarios regionales y municipales están comprometidos con procesos ante posibles actos corruptos cometidos. Es este quizá el flagelo por el que más son cuestionados los Gobiernos en el territorio colombiano y la Fiscalía está en la obligación de erradicarlo.

El asesinato de Luís Carlos Galán: La papa caliente está en llamar o no llamar a juicio al ex Senador Alberto Santofimio, preso como presunto autor intelectual del crimen perpetrado contra el entonces candidato presidencial Luís Carlos Galán Sarmiento. A este hecho se le ha dado mucha vuelta, han sido implicadas personas que a la larga han demostrado su inocencia, pero aún se desconoce quién o quiénes dieron la orden de acabar con las esperanzas de una nueva Colombia en manos de Galán sarmiento.

En síntesis, los colombianos esperan que la Fiscalía de un giro total en su manejo y en la aplicación de justicia, sin embargo un 80% de la sociedad está escéptica ante los antecedentes de su nuevo titular.

En la tercera semana del presente mes, se dará inició a la construcción de la planta de alcohol carburante en el Municipio de Güepsa que beneficiará a 17 mil familias cañicultoras de la hoya del río Suárez en el sur de Santander. Asñi lo informa el periódico PORTADA en su portal www.portadacolombia.com

El proyecto, tiene costo de 45 millones de dólares, unos 103 mil millones de pesos colombianos, según anuncio hecho por el Gobernador del Departamento, Hugo Heliodoro Aguilar Naranjo, al recalcar que está todo listo para que el 21 de julio comience a construirse en un lote de 50 hectáreas, el complejo agroindustrial que requerirá de 2 mil toneladas diarias de caña para mantener en funcionamiento su planta.

Zona propicia

Desde hacía más de cinco años, expertos en la materia estudiaban la zona de la hoya del río Suárez, y comprobaron que esa región es una de las más propicias en Colombia para la construcción del complejo de la bio-refinería, pues tiene un índice de productividad de caña, igual o superiores a los del Valle del Cauca. Puesta en marcha la iniciativa, se calcula que habrá un corte diario de 50 hectáreas de caña.

Proyecto ambiental

El montaje de la planta de alcohol carburante es cien por ciento para el mejoramiento ambiental no solo de Santander sino del país, pues su producto final (alcohol carburante) será destinado a reducir la contaminación ambiental en los lugares de consumo. Además la caña de azúcar es un excelente agente fotosintético que producirá una utilización racional de los recursos renovables, el recurso agua, el recurso suelo, el recurso aire, con lo que se mejora la estabilidad ambiental de la región.

Aspecto económico

El costo total del proyecto, incluye el montaje de la planta y su puesta en funcionamiento. Del total del dinero, el 20% estará representado en capital de trabajo y el restante 80% han sido adquiridos a través de créditos nacionales e internacionales.Es un capital abierto de adquisición y se ha proyectado que los cañicultores puedan adquirir a través de cooperativas conformadas por ellos mismos, acciones en el negocio, pagándolas con caña, lo que les generará el 10 por ciento del total de la utilidad del negocio.

Generación de empleo

La construcción del proyecto de la bio-refinería, beneficiará en grado sumo la economía de la región, si se tiene en cuenta que es una población con un alto índice de desempleo que tiene Santander.Una vez puesta en marcha, la planta generará 250 empleos directos y por lo menos 17 mil indirectos con lo que colaborará en la reducción del índice de desempleo en el Departamento, uno de los objetivos fundamentales del Gobierno de Hugo Aguilar.

La reciente aprobada por el Congreso Ley de Justicia y Paz, ha colocado a nuestro país en boca de todo el mundo por los despropocionado que es el apoyo del Gobierno Nacional a los grupos paramilitares, a cuyos jefes blinda para que no sean extraditados.
De nada han valido los pronunciamientos de los Congresistas independientes, de las organizaciones colombianas de derechos humanos, de las entidades internacionales que defienden la vida de las personas, de quienes en Colombia han sido víctimas de los grupos armados al margen de la ley.
La Ley de Justicia y Paz es el instrumento perfecto encontrado por el Gobierno del Presidente Álvaro Uribe para evitar que en lo sucesivo, Don Berna, Jorge 40, Ernesto Báez y los demás comandantes de las autodefensas y narcotraficantes que se sientan en Santafe dfe Ralito, sean tocados por los Estados Unidos que los solicita por tráfico de droga y por delitos de lesa humanidad.
Esta ley también ampara a todo aquel, que sin ser paramilitar, tiene vínculos con esa organización, como ya se ha visto en algunos Municipios, donde los funcionarios comprometidos en investigaciones por ayudar a esos grupos, han sido beneficiados con la congelación de sus investigaciones, tal como lo han denunciado Parlamentarios en el Congreso.
Colombia merece otra suerte con sus Gobernantes, con sus Congresistas que en su mayoría se comprometieron a votar en positivo el proyecto que después aprobaron y que hoy está en estudio en la Corte Constitucional.
Igual ocurre con la Ley que permite la reelección a la que ya el señor Procurador General de la Nación solicitó a esa alta Corte que dicha iniciativa no sea tenida en cuenta y por lo tanto no le de paso constitucional por los vicios de forma en que incurrieron los Parlamentarios adeptos al Presidente Uribe. Los colombianos estamos seguros que esa ley será revocada o por lo menos será devuelta al Congreso para que limen los probelmas encontrados.
Igual puede ocurrir con la ley de Justicia y Paz, la que debe ser considerada inexequible por la existencia de vicios de forma y de fondo y porque el grueso del país no está de acuerdo en que existan preferencias para quienes en el pasado y ahora le ayudan al Presidente a "sanear al país" de los de izquierda, sin importarle al señor Uribe y los ricos que le apoyan, que en Colombia un alto porcentaje de residentes viven entre la pobreza y la pobreza absoluta, que en el país se incrementa la desnutrición, el analfabetismo, la destrucción social, mientras los dineros de los colombianos son gastados para hacer la guerra y facilitarle la vida a los que desde que era Gobernador de Antioquia le apoyaban en los campos y en los Municipios y que hoy se han extendido por todo el país para mal de los colombianos de bien.

Muy a pesar de los contradictores o enemigos políticos del Gobernador Hugo Aguilar, el Departamento sí fue el de mejor comportamiento en el cumplimiento del Pacto de Transparencia firmado con la Presidencia de la República.
Quiéranlo o no, Santander obtuvo un 93 por ciento de cumplimiento, lo que lo colocó muy por encima de las demás regiones, sin que ello quiera decir que esas otras regiones no hicieron esfuerzos para alcanzar el máximo puntaje, solo que este Departamento fue mejor organizado, fue el alumno más adelantado y aventajado de la Oficina Anticorrupción para evitar que la corrupción siguiera la ruta de destrozos en un Departamento que hasta el año 2003 era considerado uno de los más desorganizados en lo adminsitrativo, que había bajado de manera ostencible en el escalafón regional, hasta el punto de estar ubicado en el puesto 29 entre los 32 Departamentos colombianos.
Hoy es a otro precio en Santander: Su imagen vuelve a subir en el ranking nacional, la seriedad vuelve a ser fundamental para la credibilidad regional y la intervención ciudadana es respetada por el Gobierno; eso no ocurría en el pasado, donde la clase política tradicional se había apoltronado para saquear las arcas de una región que no encontraba una salida expedita hacia su recuperación.
La presencia hoy en el cargo de Gobernador del Coronel Aguilar Naranjo ha regresado la credibilidad, el señorío, la disciplina y las ganas de trabajar por un Santander en Serio como es su "frase de combate".
Las críticas infundadas de un periódico local de Bucaramanga en contra del Gobierno de Santander, han quedado atrás, luego del bofetón recibido por ese medio, una vez se conoció la rendición de cuentas que hizo el Gobernador Aguilar ante la zar anticorrupción de Colombia, María Margarita 'La Paca' Zuleta quien avaló los resultados de ese trabajo serio y honesto que ese periódico local quiso empañar, solo por el hecho de haber sido tocado en sus intereses, que tiene en el Municipio de Los Santos y en el Fondo Ganadero de Santander, entidad que también está en la mira del actual Gobierno seccional.
Una supusta entrevista hecha por periodistas de ese periódico a María Margarita Zuleta, con el fin de desprestigiar al Gobernador, tratándolo de mentiroso, quedó desvirtuada no solo con la rendicón de cuentas sino por la propia funcionaria nacional, quien confirmó que nunca habló con esa casa editorial para que su periódico publicara tamaña mentira.
Es hora de seguir apoyando al Gobernador Aguilar quien sin mucho aspaviento de superdotado, ha vuelto a colocar a Santander en el sitio nacional que le corresponde y que en el pasado perdió por la ignominia de los partidos tradicionales que se apoderaron del poder regional para apoltronar un trono que no les correspondía y engrosar sus arcas.
El resultado de ese primer año de gestión del Gobernador Aguilar, nos da para pensar a los santandereanos, que el Departamento tiene un futuro promisorio, despeja una vez más el camino del desarrollo y pone a pensar a la clase política tradicional sobre su presente que no queda bien calificada, máxime cuando quedó confirmado que ha sido esa clase política, representada por gente jubilada en el Congreso de la República, la que ha mantenido al Departamento atado al subdesarrollo administrativo y a sus habitantes sometidos al abandono, al desmedro político y recibir los golpes económicos que tenían al campo totalmente ignorado y a las ciudades en un completo ostasismo.
Hoy esa clase política, por pura vergüenza debe desaparecer; esos dirigentes que llegaron a los cargos públicos solo a beneficiarse de las mieles del triunfo, por respeto a sus conciudadanos deben quedarse a un lado para que le den paso a una nueva generación política que quiere descollar, brillar con luz propia para que los santandereanos nos podamos sentir bien representados en el Congreso, la Asamblea y los Concejos, porque tal como están las cosas, quienes recibieron el favor popular en el pasasdo, deben desaparecer de esas posiciones.
Para bien del Departamento, ojalá aparezcan más Aguilares en el firmamento político santandereano.

Este Departamento, ubicado en la zona nororiental colombiana, tiene las tres mejores propuestas de desarrollo local, de acuerdo con una calificación hecha por la Universidad de los Andes entre 19 proyectos de todo el país que fueron evaluados.

Según el periódico PORTADA (www.portadacolombia.com)La Agencia de Desarrollo Económico Local (ADEL) de Vélez fue galardonada como la mejor y la distinción la recibió su Gerente Hugo Armando Rodríguez Mantilla, en días pasados en Bogotá.

Los otros dos proyectos destacados son "Integración del sector minero del sur de Bolívar con el sector joyero de Bucaramanga" y "Finca Agro-ecológica La Providencia", presentado por Diana Patricia Borrero.

En el proceso de la ADEL de Vélez están involucradas, entre otras entidades, la Gobernación de Santander y las Alcaldías de Aguada, Albania, Barbosa, Bolívar, Charalá, Chipatá, Cimitarra, El Peñón, Florián, Guavatá, Güepsa, Jesús María, La Belleza, La Paz, Landázuri, Moniquirá, Puente Nacional, San Benito, Santa Ana, Santa Helena del Opón, Suaita, Sucre y Vélez

"Se destacó la consolidación de procesos con articulación del sector privado y público de la ADEL de Vélez, en este caso de la Gobernación de Santander y las alcaldías, para desarrollar las tres cadenas económicas priorizadas: la panela, el bocadillo y el agroturismo", afirmó el Secretario de Desarrollo, Juan Carlos Sierra Ayala.

La convocatoria hacía parte de un programa de capacitación iniciado en octubre del año pasado y que concluyó en mayo último, ofrecido por las Naciones Unidas y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a través de la Universidad de los Andes, dirigido a los líderes de cada territorio donde se estaban conformando agencias de desarrollo económico local.

Participaron iniciativas de distintas regiones del país como Antioquia, Cartagena, Costa Pacífica, Cundinamarca, Norte de Santander, Risaralda, Urabá-Darién Caribe y Valle del Cauca, entre otras, así como funcionarios del Ministerio y de las Naciones Unidas.

La propuesta ganadora fue presentada con el título "Modelo de conformación de una agencia de desarrollo local de la provincia de Vélez y su área de área de influencia.