Esa es la pregunta que los colombianos que hemos seguido el trabajo gubernamental, nos hacemos ante escogencia del Viceministro de Justicia, Mario Iguarán como reemplazo de Luís Camilo Osorio, que deja serias dudas sobre la verdadera aplicabilidad de la justicia en un país plagado de delincuencia organizada, corrupción y desdén administrativo.

Y la pregunta se hace porque, desde que comenzó la puja por tan alta posición, el Gobierno apadrinó los nombres del ex Magistrado Jorge Pretelt (primo del actual Ministro del Interior y de Justicia, Sabas Pretelt de la Vega), y Mario Iguarán, subordinado del mismo Ministro en el Viceministerio de Justicia.

Su jefe, el Ministro del Interior y de Justicia, Sabas Pretelt, se convirtió en el principal tutor para impulsar la candidatura, se auto-constituyó en su Jefe de Campaña. Con ese respaldo, Iguarán avanzó incluso por encima de la posibilidad de que Camilo Ospina, Secretario Jurídico de Palacio y nuevo Ministro de Defensa, fuera escogido para ocupar su lugar en la terna.

Lo cierto es que Iguarán, que cuenta con un magíster en Derecho Comparado de la Universidad de Bonn (Alemania), una especialización en Alta Dirección del Estado de la ESAP y una en Casación Penal de la Universidad La Gran Colombia, logró ganar reconocimiento gracias a que fue uno de los ‘escuderos’ de la Ley de Justicia y Paz y que por su diplomacia se ganó la admiración de varios Congresistas.

Fue el candidato del Partido Conservador (que apoya al Gobierno) en la terna enviada por el Presidente Uribe Vélez a la Corte Suprema de Justicia. El apadrinamiento del Gobierno resultó positivo, dado los resultados obtenidos por Jorge Pretelt y Mario Iguarán, sin embargo el guiño presidencial y ministerial a favor de su empleado volteó la balanza para la elección de Iguarán.

El nuevo Fiscal General de la Nación, es el mismo que defiende en Washington, a nombre del Gobierno de Álvaro Uribe Vélez, la Ley de Justicia y Paz, tan criticada en Colombia y el exterior por las prebendas que le da a los paramilitares, que al igual que la guerrilla, han hecho tanto mal a la imagen del país; parece que en Colombia se debe ser delincuente para que el Gobierno lo arrope con su manto protector.
El quinto Fiscal elegido en la historia de Colombia, ¿será que se convertirá en un Fiscal de bolsillo del actual Gobierno? El tiempo lo dirá, sin embargo su acercamiento total con el actual Gobierno, su predisposición de acatar las órdenes del Ministro del Interior y de Justicia, su comprometimiento con los legados presidenciales y el apoyo que recibió de sus actuales jefes, ¿será que lo harán actuar más cerca del Gobierno que de la justicia y las leyes?

Ya lo dijo el propio Mario Iguarán: “Yo no parto de esos supuestos, considero que instituciones como la Fiscalía han demostrado que son ajenas a la politización. No obstante, nosotros tenemos un compromiso con la ley y con la jurisprudencia constitucional de adelantar el proceso de carrera administrativa y de carrera judicial”, cuando la prensa le preguntó sobre su posición con relación a la politización a que está sometida la Fiscalía. Pero ¿quien va a pensar que un hombre como Iguarán, que está en la ‘mermelada’ de la política y del Gobierno, acepte que en Colombia, la justicia está politizada y a favor de quienes tienen el poder?

Claro ejemplo de ello son los procesos que por paramilitarismo lleva esa entidad contra algunos funcionarios regionales y municipales, los que caminan a paso de ‘morrocoy’; bien vale la pena preguntar: ¿qué pasará con esos procesos, una vez el Gobierno le abra las puertas a los paramilitares con la aplicación de la Ley de Justicia y Paz? ¿Pasarán a los archivos, pese a haberse cometido delitos antes de ser puesta en marcha dicha Ley? ¿Los implicados continuarán en su posición de apoyo a los jefes paramilitares desmovilizados? Eso también depende del nuevo Fiscal General de la Nación, de extracción gobiernista.

Su acercamiento con el Gobierno no acabará, pues desde ya anuncia que estará enfrascado en sacar adelante la reseñada Ley de Justicia y Paz, como un apoyo al Gobierno que la gestó. Entiende el nuevo Fiscal colombiano “que en dos años y medio adquiere la Corte Penal Internacional plena competencia, no solo para los delitos de lesa humanidad, sino para los crímenes de guerra”; incluso ya anunció que habrá “una unidad de 20 fiscales para Justicia y Paz y un cuerpo de Policía Judicial con 150 hombres”. Con el apoyo a la Ley, el Fiscal buscará blindar al actual Gobierno de las consecuencias con la justicia internacional que puedan derivar su aplicación.

El nuevo Fiscal de Colombia reconoce: “Hoy en día soy del Gobierno, pero mañana seré de la Fiscalía”. ¿Qué quiso decir con esa frase? Más adelante dijo: “…y cuando sea Fiscal, pues tendré que comportarme de acuerdo a los mandatos legales propios de un Fiscal y la primera exigencia de un Fiscal es la imparcialidad, la autonomía y la independencia”. ¿Tendrá imparcialidad, autonomía e independencia plena en su función el nuevo Fiscal de Colombia, cuando todo el mundo sabe que fue el candidato del Gobierno para esa alta investidura?

Sobre el tema de la extradición a los narcotraficantes, paramilitares y guerrilleros que muy seguro serán cobijados por la Ley de Justicia y Paz con el fin de eludir su traslado al país que lo solicite, el nuevo Fiscal dice que la Ley de Justicia y Paz “no entra explícitamente a tocar el tema de la extradición”. Sin embargo él como todos los colombianos saben, la extradición es un acto potestativo del Presidente de la República, que con base en la nueva Ley, va a salvar a muchos de quienes se reincorporen a la vida civil y tienen deuda con la justicia (ejemplo norteamericana), de ser trasladados a ese país para que paguen sus delitos. Más claro no canta un gallo, cuando el nuevo Fiscal interpreta el hecho con sus propias palabras: “La extradición tanto en el proceso ordinario como en la Ley desde el punto de vista jurídico sigue aplicándose conforme lo enseña la ley hoy en día”. Pensamientos que develan desde ya el comportamiento que asumirá el nuevo Fiscal, que no se diferenciará del actual Luís Camilo Osorio.

Pero, a Mario Iguarán le esperan otros retos, todos de alta envergadura y resonancia nacional y que serán el termómetro de su labor al frente del ente acusador; algunos de estos retos son:

Paramilitarismo: La Fiscalía será el termómetro con el que se medirá la nueva Ley de Justicia y Paz; para ello tendrá que trabajar duro con el fin de desenmascarar a quienes, de eso estamos seguros, tratarán de esquivar sus responsabilidades para aprovecharse de las bondades que entrega dicha norma; en una frase, la Fiscalía tendrá que evitar la impunidad en el proceso de paz con los paramilitares y con los grupos guerrilleros que se acojan para evitar que la Ley de Justicia y Paz se convierta en un comodín para quienes hoy delinquen y no querrán reconocer sus crímenes de lesas humanidad, su paso por el narcotráfico, para desde la legalidad seguir por el mismo camino.

El Sistema acusatorio: Que se implementó desde comienzos del presente año en algunos sectores del interior del país y que ya está anunciado para los Santanderes y la Costa Atlántica a partir del próximo año. Su reto aquí está en llevar ese organigrama dejado por su antecesor. Este reto no parece muy difícil, dada que están dadas las condiciones para su expansión, debido a los buenos resultados que hasta el momento ha dado el Sistema.

La corrupción: Colombia, en todos los ordenes está plagada de corrupción que es el delito que más tiene congestionados los Despachos de la Fiscalía en Colombia. Funcionarios del Gobierno nacional, algunos Gobernadores, Alcaldes y funcionarios regionales y municipales están comprometidos con procesos ante posibles actos corruptos cometidos. Es este quizá el flagelo por el que más son cuestionados los Gobiernos en el territorio colombiano y la Fiscalía está en la obligación de erradicarlo.

El asesinato de Luís Carlos Galán: La papa caliente está en llamar o no llamar a juicio al ex Senador Alberto Santofimio, preso como presunto autor intelectual del crimen perpetrado contra el entonces candidato presidencial Luís Carlos Galán Sarmiento. A este hecho se le ha dado mucha vuelta, han sido implicadas personas que a la larga han demostrado su inocencia, pero aún se desconoce quién o quiénes dieron la orden de acabar con las esperanzas de una nueva Colombia en manos de Galán sarmiento.

En síntesis, los colombianos esperan que la Fiscalía de un giro total en su manejo y en la aplicación de justicia, sin embargo un 80% de la sociedad está escéptica ante los antecedentes de su nuevo titular.