Bucaramanga, (Corprensa). Drásticas medidas de seguridad anunció el Gobierno colombiano para la ciudad de Barrancabermeja donde se ha incrementado la ola violenta que ha cobrado la vida a por lo menos 45 personas en lo que va corrido del presente año.

El Presidente Álvaro Uribe Vélez durante su presencia en esta ciudad, hizo el anuncio y ordenó poner presos a los llamados desmovilizados que delinquen en el puerto petrolero, luego de conocerse el asesinato del líder del gremio de pescadores de la zona, Luis Alberto Arango Crespo, ocurrida en el Corregimiento El Llanito.

De igual forma la serie de crímenes, extorsiones y amenazas cometidos a lo largo del mes y medio trascurrido del presente año por parte de grupos delincuenciales es factor determinante del endurecimiento de las medidas de control ciudadano.

En lo que va corrido de 2009, las autoridades han conocido de una serie de delitos extorsivos contra el comercio, contratistas de Ecopetrol,  otras empresas industriales basadas en Barrancabermeja, y comunidad en general, lo que ha puesto en sobre aviso al Gobierno nacional.

MEDIDAS

Además de ordenar "poner presos" a los llamados desmovilizados que integran bandas emergentes de delincuentes, el Presidente Uribe habló con el Fiscal General de la Nación, Mario Iguarán Arana, para enterarlo sobre lo que ocurre en la principal ciudad intermedia de Colombia.

De otra parte se anuncia para la semana venidera, la presencia en esa ciudad del Director General de la Policía, General Óscar Naranjo y del Comando de la Quinta Brigada del Ejército que despacha en la sede del Batallón Nueva Granada; no se descarta la posibilidad de un Consejo de Seguridad en Barrancabermeja, con presencia de todas las autoridades nacionales, encabezadas por el propio Presidente Uribe.

HECHOS

Barrancabermeja, por ser sede del principal complejo de refinación de hidrocarburos del país, se ha convertido en el ‘plato preferido' de la delincuencia organizada.

Hasta la década de los años 90s la guerrilla del Eln, Farc y Epl se apoderaron de la ciudad para provocar pavor entre sus habitantes y autoridades, a las controlaban todo movimiento. Hubo masacres, desapariciones, desplazamientos masivos, actos extorsivos y criminales que no pudieron ser controlados por las fuerzas de seguridad del Estado.

Al ingresar el presente siglo, las fuerzas guerrilleras de izquierda fueron derrotadas por incursiones de grupos paramilitares de derecha, que se tomaron a sangre y fuego la ciudad y la hicieron un fortín inexpugnable; fueron muchas las familias que sufrieron el flagelo de la desaparición formada, muerte y desplazamiento colectivo; Barrancabermeja se convirtió en un campo de guerra donde cada día aparecían cadáveres en distintos lugares de la ciudad, atribuidos a los paramilitares del Bloque Central Bolívar, liderado por los alias ‘Ernesto Báez y Julián Bolívar, hoy desmovilizados y en proceso de reinserción a través de la Ley de Justicia y Paz

En el 2004, al asumir como Alcalde, Édgard Cote Gravino, la situación empeoró ante la fuerza tomada por los paramilitares, que según investigaciones periodísticas y de la Fiscalía, apoyaron durante su campaña al entonces candidato Cote.

La Administración del Municipio se convirtió en fortín paramilitar hasta el punto en que el Édgard Corte fue elegido Presidente de la Asociación de Municipios Amigos por la Paz (Asocipaz) organización creada por los paramilitares en el Corregimiento Santafé Ralito (Departamento norteño de Córdoba) y lanzada en reunión de Alcaldes cumplida en un hotel de Cartagena.

Según las investigaciones, el Alcalde favoreció a los paramilitares de ‘Ernesto Báez' con la contratación y  la nómina del Municipio, como contraprestación al favor recibido durante la campaña electoral donde fue apoyado en lo financiero, en lo logístico y con amenaza armada a las comunidades para que votaran a su favor.

Con el proceso de desmovilización, el Bloque Central Bolívar hizo dejación de sus armas, sin embargo un reducto quedó incrustado en la sociedad, con el apoyo del Alcalde de la época que les entregaba contratos a través de una ONG fundada para tal fin.

Hoy, con la reactivación del paramilitarismo a través de los llamados grupos emergentes, Barrancabermeja continúa en poder de esas organizaciones que se aprovechan de la extorsión, amenazas, el desplazamiento formado y los crímenes para hacer valer su presencia y provocar el caos ciudadano que ha impulsado al Presidente Uribe Vélez a anunciar el endurecimiento de medidas para contrarrestarlos.

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Hasta hace unas semanas, los colombianos estábamos contentos con el anuncio hecho por el Presidente Álvaro Uribe Vélez, en el sentido de aceptar un Acuerdo Humanitario con las Farc para la liberación de secuestrados y la salida de las cárceles de los presos de esa organización subversiva.

Pero esa alegría nos duró poco: Una semana más tarde, el mismo Presidente reversó sus palabras y anunció en Medellín  que "el único Acuerdo Humanitario  que se acepta es que liberen unilateralmente y de inmediato a todos los secuestrados, que cesen los actos de violencia y que hagan la paz".

"Sé que esto genera polémica. Pero es mejor para el futuro del país un Gobierno firme, asumiendo la responsabilidad pública de conducir al Ejército y a la Policía para que ejerzan una presión, con toda la fortaleza, sobre los secuestradores, a fin de que liberen a los secuestrados, que tener un Gobierno de aguas tibias, preocupado por el que dirán, a ver si no lo critican mientras estos terroristas incendian y asesinan al país", expresó más adelante.

El anuncio hecho por el Presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, de intensificar las operaciones militares para capturar o dar de baja a los cabecillas de las Farc y liberar por la vía militar a los secuestrados, es una pena de muerte anunciada.

Las palabras de Uribe en Medellín dejaron perplejos a los colombianos en general y a los familiares de los secuestrados en particular. Nunca antes, en la historia político-administrativa de Colombia,  había existido un Presidente que diera bandazos permanentes en detrimento de su propia palabra y de la credibilidad del Gobierno.

Con esa frase, quedaron atrás las expectativas que creó el mismo Uribe con sus palabras, tres días antes, donde anunciaba ‘halarle' a un Acuerdo Humanitario.

Con su actitud, el Presidente Uribe le ha colocado una soga al cuello a los 22 uniformados, entre Policías y Militares, que aún permanecen en poder de esa agrupación armada de izquierda; de paso, ha cortado las posibilidades de recuperar la libertad a cerca de 500 guerrilleros de guerrilleros y ex guerrilleros que permanecen en las cárceles colombianas, unos condenados y otros a la espera de su definición judicial.

Pero además de lo anterior, los 2700 no canjeables, personas civiles secuestradas para exigir dinero por su liberación que nunca han sido tenidas en cuenta por el Gobierno Uribe, se hunden más en el abandono del Estado, en la oscura penumbra que ofrecen las selvas colombianas. Con esa posición, el Presidente Uribe Vélez acabó con la posibilidad de regreso de quienes le han servido al país desde sus posiciones (Ejército y Policía), lo que demuestra que al actual Gobierno, para nada le importa la vida de sus tropas.

Con esa postura de insensibilidad, las esperanzas de los familiares de secuestrados y de los mismos rehenes, se fueron al suelo y se estancan las expectativas para quienes están en poder de las Farc, regresen a sus hogares y se abre la posibilidad que estos secuestrados sean víctimas del fuego cruzado que pueda presentarse en los combates armados que atizona el Gobierno.

Al Presidente, ‘le resbala' la posición del Comandante de las Farc, Alfonso Cano el pasado 5 de febrero, cuando en carta enviada a la Senadora Piedad Córdoba, anuncia su disposición por el diálogo cuando dice: "Debemos persistir en la búsqueda de los acuerdos sin olvidar ni un momento a Simón, Sonia y a todos nuestros presos". ¿Será que no le gustó que se la hubiera enviado a Piedad y no a él?

Al Presidente ‘le resbala' el sufrimiento de las madres, padres y demás familiares de los militares y policías secuestrados, lo tiene sin cuidado que el derramamiento de sangre continúe en el país, pues parece que la guerra le facilita su continuidad en el poder. Bien lo dijo el Comandante ‘Mosquera' de las Farc durante la liberación de los tres policías y un soldado: "Al Presidente Uribe le sirve que la guerra continúe y que las Farc no se acaben".

En comienzo, esas palabras del guerrillero parecían como una estrategia de esa organización subversiva para legitimar sus actos, pero con las frases lanzadas por el Presidente en Medellín, lo dicho por ‘Mosquera' tiene validez: Al Presidente no le importa hacer la paz y menos le importa la vida de sus conciudadanos.

A Álvaro Uribe lo comparan con el saliente Presidente de los Estados Unidos, su amigo George W. Bush, a quien durante su estadía en la Casa Blanca, le importó poco la vida humana y ordenó hacer la guerra en el Medio Oriente con el ‘esguince' de encontrar armas atómicas, las que nunca fueron halladas y por las que fueron sacrificadas miles y miles de vidas humanas.

En Colombia, el Presidente de turno ha querido emular a su amigo Bush, al anunciar que no habrá Acuerdo Humanitario con las Farc y por el contrario, se recrudecerán las acciones militares contra sus cabecillas para liberar a los secuestrados.

Pero, mientras el Presidente Uribe escandaliza al país nacional con sus posiciones ambivalentes y anuncia guerra declarada contra las Farc lo que representa más gasto militar, millones de niños colombianos no van a la escuela porque sus padres no tienen los medios económicos para enviarlos y aquellos niños que pueden hacerlo, deben estudiar en el suelo porque sus escuelas no cuentan con pupitres, tableros ni tizas, sólo con la férrea voluntad de sus profesores que se empeñan en trabajar para derrotar el analfabetismo que en Colombia va en aumento, así las cifras del Gobierno digan lo contrario.

En Colombia no se puede permitir en pleno siglo XXI, que el dinero que se debe destinar a la educación, a la salud y a la vivienda digna del pueblo, se emplee en la compra de armas bélicas, al incremento del pié de fuerza con mercenarios, a la instalación de Brigadas Militares y a la financiación de campañas políticas.

Nunca he estado de acuerdo con las acciones vandálicas de la guerrilla ni de los paramilitares, ni de ningún otro actor armado; lo único que esas organizaciones ganan con sus actos terroristas y su brutalidad, es el odio de los colombianos. Nunca las Farc serán aceptadas por nuestro país, así como tampoco son aceptados los paramilitares, los grupos emergentes y quienes los apoyan porque han sembrado sangre, el rencor y pobreza.

Pero también, nunca he estado de acuerdo con las arbitrariedades desde los Gobiernos, con la insensatez y testarudez de los gobernantes, ni con el monopolio en ninguna de sus manifestaciones.

Si con la decision de la llamada Seguridad Democrática del Presidente Uribe se garantiza que los secuestrados recuperarán su libertad, sanos y salvos, que van a desaparecer las bombas y las masacres y, que se va a acabar con la guerrilla, lo acepto, pero... ¿quién lo garantiza...?

Si hay otros caminos menos tortuosos para llegar a la paz, por qué no lo intenta el Presidente Uribe y deja de lado su altivez, su insensatez y sus intereses personales de apoltronarse en el poder a expensas de la guerra.

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Esas mentiras que en el 2008 se palparon a todo vapor, hasta el punto en que algunos de los Ministros y el propio Presidente tuvieron la obligación de ponerle la cara al país para rendir excusas por sus salidas desaliñadas.

El 2008 se va pero deja una estela de sinsabores al interior de las Fuerzas Militares: Los falsos positivos, la utilización de los emblemas internacionales en la ya célebre Operación Jaque y las vinculaciones de altos mandos en investigaciones sobre actos de lesa humanidad, no es nada grato para un país que busca la paz por todos los lados.

Se va el 2008 pero deja al colombiano raso una amarga realidad con sus Congresistas, que además de no aportar nada para el desarrollo de sus regiones, llegan a las sesiones en estado de alicoramiento. Esto es grave para la democracia y para la imagen internacional del país.

Se va el 2008 que confirma que a Cormagdalena, la Corporación creada en la Constitución Política de 1991 para salvar al río Magdalena, le quedó grande esa labor. Hoy el principal río colombiano inunda poblaciones, desde cabeceras municipales hasta pequeños caseríos, sin que esa entidad se haya dado cuenta que la sedimentación es la principal causa de esas tragedias que han dejado muerte, desolación y multimillonarias pérdidas económicas.

Cormagdalena se ha dedicado a firmar contratos para la construcción de diques y muros de contención que más bien parecen paredes que no soportan la arremetida de las aguas, mientras que las comunidades tienen que dormir encima de los techos de sus casas.

Pese a esa verdad que representa la sedimentación en el fondo del río, el Ministro de Vivienda y Ambiente sale a respaldar a Cormagdalena y a echarle la culpa de las inundaciones a los Alcaldes ribereños, como si ellos fueran los responsables del empobrecimiento que día a día tienen que aguantar los colombianos a causa de las malas decisiones de quienes manejan el Estado.

Se va el 2008 y deja un mal sabor por la unión empresarios-Gobierno que en los últimos años no ha permitido conciliar un buen aumento del salario mínimo; este año no fue la excepción por lo que es el Gobierno de Álvaro Uribe el que fije cuánto ganarán en el 2009, cerca de tres millones de colombianos que conviven con un salario de hambre, llamado salario mínimo.

Se va el 2008 y deja un amargo aliento de desencanto cuando vemos que la llamada Seguridad Democrática va dirigida a perseguir a la guerrilla de las Farc, pero nada se dice del Eln y de los paramilitares que luego de llegar a acuerdos con el Gobierno para que no los extradite, se incumple dicho acuerdo y son enviados a las garras de los Estados Unidos. Un 2008 donde algunos paramilitares capturados han querido hablar sobre los nexos con representantes del Gobierno, pero son callados con al extradición.

Se va el 2008 pero quedan las muertes de indígenas que exigen respeto por sus derechos, los embrollos de funcionarios de la Casa de Nariño con narcotrafincantes y paramilitares, paramilitares que ingresan por la puerta trasera del Palacio presidencial; quedan también más de 300 mil personas damnificadas con la intervención del Gobierno al grupo DMG, la desazón de quienes invirtieron sus propiedades con la esperanza de obtener dividendos que ya recibían hasta que el Gobierno, para favorecer las entidades bancarias, selló la organización que colaboraba en el sur del país con la erradicación de la coca.

El 2008 fue lesivo para Colombia en el plano internacional, con todo lo que aquí ocurrió y que repercutió en todo el orbe, sin contar la amenaza que tiene la justicia internacional para intervenir en el país, por la poca eficiencia de las justicia nacional cuando tiene que ver con hechos donde han intervenidos agentes del Estado y paramilitares.

En el plano del Departamento de Santander y Departamentos circunvecinos, se va el 2008 y deja el sinsabor de la corrupción impregnada en algunos Municipios donde han sido denunciados hechos que han atentado contra los Presupuestos locales que, de paso, afectan a las comunidades. Por fortuna ya algunos de esos Alcaldes corruptos han sido sancionados, al menos por la Procuraduría, pero la sociedad está a la espera de que la Fiscalía también se pronuncie y aplique todo el peso de la Ley a quienes llegan a los cargos públicos para apoderarse de lo que es de la comunidad, sólo para beneficiar a sus allegados y familiares.

En fin, pasa el año 2008 que deja todo un tufillo desagradable en el manejo del país, el que está sentenciado a seguir en el mismo camino durante el 2009 si se aprueba la reelección. Es hora de cambiar y ojalá que el año que está por llegar arribe con el cambio que tanto ha requerido un país que se hunde en las desigualdades sociales, en la ilegitimidad y en el deshonroso primer lugar que tiene en el mundo con la siembra de minas quiebra-patas y la exportación de drogas alucinógenas.

Al Periódico Portada solo le resta desear, en medio de tantas indelicadezas, actos corruptos y Gobiernos mezquinos con la sociedad, una navidad llena de recogimiento, de paz y cariño, a la espera de un año nuevo que cambie la mentalidad d ela clase política y administrativa del país y sus regiones. Para todos nuestros lectores, colaboradores y amigos en general, ¡FELIZ AÑO NUEVO...!

En un correo electrónico, desconocidos apoyan la gestión del Alcalde de Barrancabermeja, Édgard Cote Gravino y le dan al comunicador, un plazo perentorio hasta el fin del presente mes para salir de Bucaramanga o de lo contrario atentarán contra su vida.

El periodista, ante las amenazas, le envió una comunicación escrita al Presidente y Vicepresidente de Colombia, a varios de sus Ministros, al Fiscal y Procurador General de la Nación, al Defensor del Pueblo, medios de comunicación, ONGs defensoras de los Derechos Humanos y otras entidades en los ámbitos nacional y mundial, donde solicita protección para su vida y la de su familia.

Perales Mendoza ha denunciado graves actos de corrupción al interior del Gobierno del Alcalde Édgard Cote Gravino y la presencia de funcionarios, al parecer en representación de los grupos paramilitares de la región, sin embargo las autoridades encargadas de las investigaciones, no se han pronunciado.

Las denuncias publicadas por el periodista en su periódico PORTADA, han sido basadas en documentos oficiales solicitados al propio Alcalde a través de Derechos de Petición; las mismas las ha enviado a la Fiscalía Regional de Barrancabermeja y Santander, sin resultados en el proceso investigativo.

Más periodistas amenazados
Con anterioridad, por lo menos una decena de periodistas han sido amenazados en el puerto petroleor colombiano, luego de denunciar los actos corruptos del sector oficial; entre ellos, dos han tenido que abandonar la ciudad ante inmimentes actos violentos contra sus vidas y sus familias.

Para Marcos Perales Mendoza, es la quinta amenaza que recibe en menos de un año, por informar y denunciar sobre los actos administrativos de corrupción que se presentan al interior del Gobierno Municipal de Barrancabermeja. Es en el momento el periodista más amenazado de Colombia y aún no tiene protección del Estado.

La primera amenaza fue enviada por debajo de la puerta de su oficina en Bucaramanga, donde con letras recortadas de periódicos le dicen: "DEJEN DE JODER AL ALCALDE DE BARRANCABERMEJA SINO QUIEREN QUEDAR ASI". A renglón seguido muestran las fotos de tres cadáveres.

La última que recibó a través de su correo electrónico, el pasado 22 del presente mes, dice: "Queremos saber si le gustan las flores amarillas o las rojas para enviarle artas cantidades antes de finalizar el mes. Nuestro alcalde barranqueño irá hasta el último día de su mandato y si es el caso lo vamos a reelegir porque así lo queremos nosotros. Lástima grande que no vaya a poder ver su siguiente posesión".

Gobierno colombiano, el de la vista gorda
El caso de las amenazas contra el periodista Perales Mendoza, es de conocimiento del Gobierno nacional a través del Ministerio del Interior y de Justicia, sin embargo esa entidad no ha hecho nada en concreto para protegerlo a él y a su familia, la que hace dos meses debió abandonar a Barrancabermeja también por amenazas ante las denuncias publicadas. El mencionado Ministerio le envió al amenazado un equipo Avantel de comunicaciones y un chaleco antibalas que no son prendas de garantía para salvaguardar su vida

El texto de la carta remitida por el periodista amenazado al Presidente de la República de Colombia, es el siguiente:

Bucaramanga, 22 de julio de 2006

COPIA A:
- Procuraduría General de la Nación.
- Fiscalía General de la Nación.
- ONGs Nacionales defensoras de los Derechos Humanos
- ONGs internacionales de los Derechos Humanos
- Medios nacionales de Comunicación (prensa, radio, televisión)
- Organizaciones de periodistas, nacionales e internacionales.

Alcalde sospechoso
Hasta el momento esta carta no ha tenido respuesta de las autoridades colombianas. Mientras tanto el Alcalde de Barrancabermeja el Alcalde Édgard Cote Gravino no ha hecho ningún pronunciamiento, en favor o en contra de las amenazas; su silencio es sospechoso, dada la gravedad de los hechos y el involucramiento que de su nombre hacen las amenazas llegadas al periodista Marcos Perales Mendoza.

Más información e: www.portadacolombia.com

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¿Quiénes son?
Quienes hoy aspiran a dirigir los destinos político-administrativos de Colombia y pasan los 60 años de edad, son: Horacio Serpa Uribe, por el Partido Liberal; Carlos Gaviria Díaz del Polo Democrático Alternativo; Álvaro Leiva Durán, por el Movimiento Nacional de Reconciliación y Enrique Parejo González de Reconstrucción Democrática.

Horacio Serpa Uribe
Uno de ellos, por tercera vez aspira a ser Presidente de Colombia por el Partido Liberal, Horacio Serpa Uribe, nacido en Bucaramanga el 4 de enero de 1943 (63 años); casado con Rosita Moncada y de profesión Abogado estuvo en la Rama jurisdiccional entre 1966 y1970, en el sector privado entre 1971y1974, en la Rama Legislativa entre 1974 y 1991 y, en la Rama Ejecutiva entre1970 y 1997. Su pensión alcanza los $15’458.652.

Carlos Gaviria Díaz
Nació en Sopetrán (Antioquia) el 8 de mayo de 1937 (69años de edad); es abogado de la Universidad de Antioquia y adelantó estudios en derecho constitucional y teoría política en la Universidad de Harvard.
Experiencia laboral: Congreso de la República; Senador de la República en el Período 2002 - 2006 para lo que obtuvo la quinta votación más alta en el país; Magistrado de la Corte Constitucional, entre 1993 y2001 de la que fue Presidente en 1996; Vicerrector General de la Universidad de Antioquia(1989-1992); Director del Instituto de Ciencia Política en 1988; Director del Departamento de Derecho Público 1974-1980 y Decano de la Facultad de Derecho de la misma Universidad entre 1967 y1969. Hizo parte del Comité Regional de Antioquia por la Defensa de los Derechos Humanos como Vicepresidente en 1980; además fue Informador sobre el Tribunal Russel al que presentó un Informe relacionado con la Justicia Penal Militar en Colombia en1976 y, Juez Promiscuo Municipal de Rionegro en 1961.
Su pensión está tasada en $14’580.000, pero no la recibe, pues tiene sueldo como Senador de la República por encima de los $18 millones.

Álvaro Leyva Durán
Nacido en Bogotá, en 1942. Edad: 63 años Educación: primaria y bachillerato en Estados Unidos. Profesión: Abogado, especializado en Ciencias Económicas en la Universidad Javeriana de Bogotá. Padres: Jorge Leyva Urdaneta (ex ministro) y María Durán Laserna. Estado civil: casado con Rosario Valenzuela Pardo. Hijos: dos, Jorge y Mariana. Cargos desempeñados: Concejal, Diputado, Representante a la Cámara, Senador, Secretario privado de Misael Pastrana Borrero, Ministro de Minas y Energía y Constituyente.
La pensión lo cobija con $14’432.000.

Enrique Parejo González
Nació en Ciénaga, Magdalena. Cuenta 76 años de edad; abogado de la Universidad Nacional de Colombia con especialización en Derecho Penal en la Universidad de Roma. Senador en los años 1982-1984 en representación del Nuevo Liberalismo, Ministro de Justicia en el Gobierno del Presidente Belisario Betancur entre los años 1984-1986 en reemplazo de Rodrigo Lara Bonilla. Entre 1986 y 1991 fue embajador en Hungría, Checoeslovaquia y Suiza. Después ocupó la Presidencia de la Comisión de Estupefacientes de la Naciones Unidas, con sede en Viena, Austria. Concejal de Bogotá etre 1992 y 1993. Fue Secretario General de la Alcaldía y Alcalde Delegado de Bogotá durante la Administración de Bernardo Gaitán Mahecha, Secretario General del Sena y Director General en calidad de encargado de la misma entidad. También ocupo la Gerencia del Sena en la regional de Santa Marta.
Su pensión es la más alta de todos: $15’560.000.

La normalidad llegó al Concejo desde que los siete ‘amigos’ del Alcalde Édgard Cote se autocensuraron y no asistieron a las sesiones extras; al interior de la Corporación se afirma que los oposicionistas sin causa no concurren a las sesiones por cuanto estas no serán cobradas.
De las 17 sillas, en el recinto siete permanecieron vacías y las sesiones se adelantaron con normalidad, sin los alegatos desajustados de la oposición, lo que en nada influyó para la conformación del quórun reglamentario y en el cumplimiento de las labores señaladas por la Presidencia.

Justificación sin peso
Quienes incumplen con sus funciones de Concejales y no asistieron a las extras, argumentaron que ‘no fueron invitados’ y que “no existe justificación para asistir cuando no se está debatiendo ningún proyecto”. Sin embargo conocedores de la situación político-administrativa del Municipio coinciden en afirmar que los minoritarios no asistieron porque no están de acuerdo con el control político que ejerce la mayoría de Concejales sobre la actual Administración que durante el primer año y medio de labores, manejó a su acomodo las decisiones de los Corporados.
Además de quitarle las facultades al Alcalde para contratar y ejercerle un verdadero control a sus ‘ejecutorias’, la actual mayoría de Concejales se ha preocupado por responder al trabajo encomendado por la comunidad cuando los eligió.

Las partes se defienden
Presidente de la Corporación, Oscar Iván Vásquez, es respetuoso de la posición de los Concejales minoritarios de no asistir y menos obligarse a ejercer el derecho al control político.
“Ellos han venido presentándose en la sesión y cuando va a empezar el ejercicio de control político se retiran. Vamos a seguir normalmente, con ellos o sin ellos hay una mayoría que viene trabajando y ya cada uno tendrá que responder por su actuación en la corporación”, dijo en su momento.
Mientras tanto, la Liberal Claudia Andrade, dijo que no se trata de pugnas entre las partes, “sencillamente los Concejales que estamos aquí estamos cumpliendo con nuestro deber. No tiene que ver para nada con pugnas internas, simplemente esto es de compromiso”.
A su vez el Concejal minoritario Diego Elkin Arango, dijo a los periodistas que no asistieron “porque no nos enviaron comunicación y el reglamento exige citación por escrito y no nos ha llegado”; además “no aprobamos lo que están haciendo ni fuimos partícipes en la elaboración de los formularios” porque “tenemos todo un período para hacer el trabajo legislativo y atender situaciones. No se trata de plata porque en muchas oportunidades hemos trabajado sin pago, si hay proyectos para aprobar y se justifica asistir, yo personalmente, estaré ahí de lo contrario no”,
Lo que no quisieron los Concejales ausentistas, fue enfrentar el control político al que debieron responder durante las sesiones extras los Secretarios de Salud, Educación, Infraestructura y los Directores de la Umata e Inderba.
El Concejo de Barrancabermeja con la nueva mayoría, ha devuelto la confianza a la comunidad, la que espera que los Concejales “sigan así para colocarle su tate-quieto al Alcalde que se consideraba un reyesuelo”, según voceros comunitarios.

En Colombia
Indica la Flip que la mayoría de las amenazas “correspondieron a medios escritos o de prensa (21), seguido por televisión (9) y radio (8). Por último, se registraron cuatro violaciones contra periodistas 'freelance' quienes trabajan como colaboradores ocasionales de algún tipo de medio de comunicación o de varios.
De acuerdo con el estudio de la Fundaciَón para la Libertad de Prensa, Santander fue el Departamento con mayor número de violaciones contra los periodistas con 8 amenazas, seguido por Cundinamarca con 5, Nariño, Córdoba, Risaralda y Caquetá con 3 periodistas amenazados en cada Departamento, Antioquia, Huila y Magdalena con 2 casos cada uno; en Meta, Norte de Santander, Atlántico, Putumayo, Sucre, Cesar, Valle, Tolima y Cauca, un periodista fue amenazado en cada Departamento. El resto de regiones colombianas no reportaron amenazas contra la prensa.
“Como ha sido la constante en los últimos años, “los procesos judiciales sobre amenazas a periodistas no arrojan resultados satisfactorios”, recalca la Flip.

Solicitudes
Ante el incremento de las amenazas contra periodistas en Colombia, la Fundaciَón para la Libertad de Prensa le solicitó al Fiscal General de la Nación, Mario Iguarán Arana, acelerar la investigación de las amenazas “registradas en este primer cuatrimestre del año y las presentadas en 2005 que aún se encuentran en curso”.
De la misma manera, solicitó “el traslado a la Unidad de Derechos Humanos en Bogotá de las investigaciones relacionadas con amenazas, asesinatos y agresiones a periodistas” ocurridas en todo el país y que investigue “la reorganización de nuevos grupos de autodefensas que estarían detrás de nuevas amenazas a periodistas”.
Al Alto Comisionado para la Paz, Luís Carlos Restrepo, la Flip le solicitó “que le exija a los grupos desmovilizados de autodefensas y los que quedan por desmovilizarse, que respeten la libertad de prensa y los derechos fundamentales de los periodistas, y para que -en coordinación con la Fiscalía- determine qué grupos están detrás de las numerosas amenazas en Santander y otras regiones del país”.
También al Vicepresidente de la República, Francisco Santos, le solicitó “que acelere la puesta en marcha del Comité Interinstitucional conformado por la Fiscalía General de la Nación y la Dirección de Policía Judicial, tal y como se anunció en la reunión de febrero pasado”.
Mientras tanto, al Procurador General de la Nación, Edgardo Maya Villazón, le solicitó investigar “a los funcionarios públicos que presuntamente han amenazado periodistas o han obstruido su labor”.
Por último la Flip le solicitó al Ministerio del Interior y de Justicia, al DAS y a la Policía, “que continúen con la protección de los periodistas en todo el país”, a la par que instó a los comunicadores, para “que denuncien cualquier violación a la libertad de prensa”.